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Gian Carlo Delgado Ramos

El Banco Mundial en la agenda transexenal educativa y científico-tecnológica de México


por Gian Carlo Delgado Ramos

3 de marzo de 2007

El Banco Mundial en la agenda transexenal educativa y científico-tecnológica de México
Gian Carlo Delgado Ramos

Publicado en la revista Memoria. No. 213. México, noviembre de 2006.

Es observable que la actual agenda educativa del país está cada vez más vinculada a la creciente consolidación y avance del TLCAN y, en ese sentido, como plataforma de formación de fuerza de trabajo de diversas habilidades. En lo que concierne particularmente a la educación superior en México, incluyendo la investigación científico-tecnológica, ésta es vista de modo funcional a las necesidades empresariales, sobre todo de aquellos actores estadounidenses. Por ejemplo, una evaluación del Banco Mundial (BM) de 2003 sugería que, “...México podría negociar con sus socios del TLCAN el co-financiamiento de programas de intercambio de investigación.” Y agregaba: “...aunque hemos notado esfuerzos que han producido colaboraciones fructíferas entre centros de investigación públicos e innovadoras empresas estadounidenses, es obvio que no se está haciendo lo suficiente.” Entonces, entre los “fructíferos” ejemplos, se indicaba el caso de colaboración entre el Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) de Irapuato y la multinacional estadounidense Monsanto con la que trabaja desde 1991 en la modificación genética de la papa. Esquemas similares de subordinación de una empresa mexicana con su contraparte estadounidense son también presentados (e.g. el caso de Telmex y su acuerdo para recibir transferencia tecnológica de la estadounidense Alcatel, su principal proveedor).
En este contexto, es llamativo el activo rol del BM en la “modelización” de la agenda educativa nacional a través de un abanico de préstamos altamente condicionados en esa área. Su labor, aunque dependiente de una participativa conducta por parte de la cúpula de poder doméstica, es diseñada e implementada de modo transexenal y en colaboración con otros entes como la Agencia de Cooperación Estadounidense (Usaid, por sus siglas en Inglés).
Los Country Assistance Strategy del BM (CAS, por sus siglas en Inglés) figuran como los anteproyectos a seguir por la administración en curso, mismos que incluyen una serie de condicionantes, cláusulas de compromiso, “recomendaciones y sugerencias” de parte de los expertos del BM, un organismo que, como lo he discutido extensamente con John Saxe-Fernández, lejos de ser un organismo multilateral, por el contrario fue pensado y opera como un instrumento de proyección de la Pax Americana.
Las ‘seguridades’ del BM en el cumplimiento de sus anteproyectos, quedaban claras cuando en el CAS 2001-2005 le indicaba a la administración foxista (o a los encargados de hacer la política de contingencia) que: “...las equivocaciones... desencadenarán un cambio en el programa del BM hacia un escenario ‘desventajoso’ de exposición reducida”. Traducción: se condicionarían aún más los préstamos en activo y a futuro, y se exigirían los pagos de otros ya vencidos.
Además, la continuidad de dichos anteproyectos es usualmente ‘garantizada’ por medio del diseño de dos CAS por administración. Uno de transición que cubre los últimos años de una administración y los primeros de la siguiente, y otro más que detalla las “sugerencias” de los últimos 4 años de cada administración (prácticamente el lineamiento para ésa). Entregados los CAS al gobierno del país “anfitrión”, éstos toman forma con una serie de préstamos altamente condicionados. Al término de cada administración, el BM se asegura de abrir nuevas líneas de crédito para un paquete de préstamos que “amarran” a la siguiente administración a cumplir los lineamientos del BM si es que no desean ser objeto del mencionado escenario de “exposición reducida”.
El transexenalismo de los lineamientos del BM, son asumidos por ese ente del siguiente modo: “...el rol del BM para proveer servicios de conocimiento y asesoría durante la transición presidencial es tal vez la mejor muestra de su papel -su colección de Policy Notes se ha convertido en un puente analítico de conexión entre las administraciones.”
Así, tomando nota de lo anterior, de lo que se puede calificar como “el poder detrás del poder”, procedamos con un análisis más fino del proceso transexenal de “modelización” de la agenda educativa y científico-tecnológica de cara al TLCAN. El objeto: valorar con mayor perspectiva y atino lo que se puede esperar en los próximos años de la siguiente administración.

Los préstamos del BM en materia educativa: 1990 2014.

En 1990, Manuel Barttlet, secretario de Educación Pública de la administración de Carlos Salinas, firmó un acuerdo con el sector privado para crear, desde lo que sería el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), nuevas instituciones de educación superior bajo la administración de facto del empresariado. En 1999 ya había 40 de estas “modernas” instituciones que tenían el objeto de proveer la fuerza de trabajo calificada que requería el empresariado firmante. En 2006, la cifra ya era de 268 planteles organizados en 30 colegios estatales y una unidad de operación en el Distrito Federal. De notarse es que el proyecto Conalep fue prácticamente una concepción del BM y, por tanto, producto de tres préstamos de ese organismo.
Al mismo tiempo, el gobierno estableció el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) con el propósito promover los intereses y las perspectivas del sector privado en las “instituciones públicas” a través de promover cursos de especialización de corta duración (2 años usualmente).
Además, se puso en operación el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) cuya función es evaluar los candidatos que pretendan acceder a una institución pública a través de la implementación de exámenes únicos diseñados por consejos técnicos de especialistas, muchos de ellos provenientes y/o representantes del sector empresarial. La meta: “...el empresario necesita enriquecer su planta laboral con profesionales cuya capacidad haya sido validada y certificada”.
Adicionalmente, el gobierno salinista puso en marcha desde el principio de su gestión la descentralización del sistema nacional de educación básica (una de las principales “sugerencias” del BM desde la administración de Miguel de la Madrid), misma que consolidó con la firma del acuerdo para la modernización de la educación básica en mayo de 1992.

Para 1994, cuando el TLCAN entra en vigor, Ernesto Zedillo continúa la línea de la administración de Salinas estableciendo, por ejemplo, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) a fines de 1996, un tipo de esquema de certificación mercantil de las instituciones de educación superior y de su planta docente no sólo en tanto a la calidad, sino sobre todo respecto al contenido de la enseñanza. El PROMEP entonces llegaba a reforzar la línea operativa del FOMES y del Ceneval.
Fue un momento en el que el BM lanzaba nuevos lineamientos para avanzar en la privatización de los sistemas de educación superior. Su publicación de 1998, El financiamiento y administración de la educación superior, dejaba en claro el rumbo a tomar cuando precisaba eufemísticamente que, “...la nueva Reforma educativa está orientada por el mercado más que por la propiedad pública o por la planeación y la regulación gubernamentales.” Los conceptos fundamentales de dicha agenda son, según el BM, la privatización, la desregulación y la orientación por el mercado (es decir por el empresariado doméstico y extranjero).
La cuestión por tanto era que, a partir de ver al estudiantado como ‘clientes’ o consumidores y a los centros de conocimiento como ‘proveedores’, la nueva política educativa debería atender la demanda, es decir enfocarse en el cliente más allá de hacerlo en la oferta (fundamentalmente a través del aumento del gasto público). Para ello, el mencionado documento del BM precisa la necesidad de:
a) incrementar las matrículas
b) cobrar el costo total de pensión
c) instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes
d) cobrar intereses prevalecientes en el mercado a todos los préstamos
e) mejorar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas y la introducción de un impuesto a los graduados.
f) Adiestrar a los profesores como empresarios (e.g. venta de investigación y cursos)
g) Incrementar el número de instituciones educativas privadas con cobros del costo total de la enseñanza
h) Completar la privatizar servicios “secundarios” (sellos editoriales, cafeterías, centros de oficina, fotocopiado, recolección de basura, etc) para librar de pasivos a las universidades.

El financiamiento de la educación superior pasa a ser entonces condicionado al rendimiento de los entes “proveedores” (las universidades) o, dicho en palabras del BM (1998): “...atado a la obtención de resultados comprobables basados en indicadores de resultados determinados por el consumidor”.

Con el objeto de comenzar a implementar los lineamientos arriba mencionados en México, el BM formaliza en 1998 un programa con cierre en 2006 por un monto de 180 millones de dólares (mdd) bajo la rúbrica de “Higher Education Financing Project”. Uno de los ejes fundamentales sería el cobro de matrículas en las entidades públicas, comenzando por la UNAM, y la implementación de un sistema público-privado de préstamos estudiantiles” que no sólo permitirían, según el Banco, el acceso de estudiantes de bajos recursos a programas de educación superior, sino que además posibilitaría que su inserción fuese académicamente exitosa pues el estudiantado estaría motivado al tener que “tomar prestado de sus ganancias [laborales] futuras”.
A la par, la administración Zedillo también formalizaba otro proyecto, el Knowledge and Innovation Project (4349-ME) por 300 mdd. Operativo desde 1999, tenía como cierre el 2003 pero fue extendido hasta finales de 2005 cuando se renegoció una segunda versión del mismo por 250 mdd ahora denominada Innovation for Competitiveness Project (7296-ME) y que es operativa, en principio, hasta 2009 (negociada por Francisco Gil Díaz). Entre los objetivos del programa que formaliza Zedillo, que continua Fox y que a su vez prepara para su sucesor, cabe mencionar:
a) la conformación formal de vínculos entre las universidades y las empresas privadas -incluyendo la extranjera.
b) la expansión de un sistema de evaluación de iguales
c) la descentralización de los procesos de toma de decisión (a modo de que, entre otros aspectos, el BM pueda celebrar acuerdos directamente con los Estados y ya no forzosa y exclusivamente con la Federación).
d) la identificación y promoción de nuevos campos de IyD (fundamentalmente biotecnología/biodiversidad y, más recientemente, la nanotecnología).
e) y, lo central, el monitoreo y la evaluación de la capacidad institucional del CONACYT.
f) En el préstamo 2005-2009, se agrega la necesidad de enfocar el avance científico-tecnológico a la generación de productos y servicios; y el estímulo de esquemas de innovación promovidos por el sector privado.

El resultado de la implementación ya en la administración Fox, fue la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del CONACYT para la reestructuración a fondo del otorgamiento de los recursos públicos para la ciencia y la tecnología por medio de la creación de “fondos sectoriales” que son operados por el CONACYT y la secretaria correspondiente según sea el caso (agricultura, salud, energía, etc). La penetración del empresariado, nacional y extranjero, en tales fondos ha sido mayor. El resultado, según evalúa el BM en junio del presente año, fue que los nuevos fondos sectoriales “incrementaron la relevancia de la investigación a través de una definición profundamente mejorada de las prioridades”. Y concluye, “...la contribución del BM en el sector de ciencia y tecnología ha significado, más allá del apoyo financiero, una permanente fuente de asistencia técnica a través del monitoreo, evaluación y asesoría de actividades tanto a nivel macro (con el desarrollo e implementación de leyes sectoriales), como micro (con una diversidad de programas y actividades).” La mercantilización de la agenda científico-tecnológica ha sido uno de los principales resultados de esos préstamos que ya totalizan poco más del medio millardo de dólares.

El esquema ha llevado al BM a precisar en su informe Mexico’s Challenge of Knowledge-based Competitiveness (2006) que para que el país sea “competitivo” (léase, que ofrezca su fuerza de trabajo calificada y su investigación y desarrollo al sector privado, sobre todo de EUA), éste debe:
-  Captar la inversión privada para financiar la expansión y mejora de las oportunidades educacionales, incluyendo esquemas de préstamos.
-  Basar la expansión de la educación superior bajo el criterio de atender la demanda y responder a las necesidades de la economía y el mercado laboral mexicano.
-  Estandarizar la certificación, acreditación, evaluación y valoración de los estudiantes y docentes.
-  Incrementar el rol del sector privado a través de la mejora de incentivos para la creación de vínculos entre la industria (mucha de ella extranjera) y los centros de investigación.
-  Permitir que los investigadores como tales puedan patentar sus innovaciones
-  Enfocar el gasto público en sectores estratégicos, por ejemplo mediante un controlado gasto del CONACYT, mismo que deberá enfocarse en, a) la investigación empresarial de consorcios de socios nacionales y extranjeros; b) la promoción de la creación de equipos de investigación por parte de empresas de tecnología extranjeras; c) la movilización de investigadores hacia las empresas a través de programas puntuales; d) la promoción del derrame tecnológico de los países del Norte en la economía nacional; y e) la expansión de programas que promueven la conformación de empresas innovadoras con fondos públicos y privados.

Con tales lineamientos, el anteproyecto de la próxima administración comienza bien definido y financiado, no sólo con los préstamos ya concedidos y en operación, sino con una suma estimada en 1.2 millardos de dólares anuales hasta el 2008 para nuevos préstamos en distintos rubros (e.g. agua/riego). Para el BM, el rol de la próxima administración en materia educativa seguirá siendo la misma que la que se definió en el CAS 2001-2005 cuando al considerar la inviabilidad política del cobro de matrículas directas (que fue evidenciada con el movimiento estudiantil, de docentes y trabajadores universitarios y la huelga de la UNAM de 1999-2000), el BM expresaba: “...se tendrá que hacer un cambio en la cultura del sistema educativo mexicano, un cambio que tomará tiempo pero que puede comenzar durante el sexenio en curso.”
Los primeros pasos para el avance hacia tal cambio durante la próxima administración, como se indicó, ya fueron negociados por el gobierno de Fox. Además de la renovación del mencionado proyecto Innovation for Competitiveness, también se consolidó en noviembre de 2005 otro más para la “Asistencia de Estudiantes de Educación Superior” (31727-ME). Se trata de un mega-proyecto de privatización de facto de la educación superior que fundamentalmente la siguiente administración implementaría.
Está compuesto por tres fases. La primera por 300 mdd (180 mdd del BM + 120 mdd adicionales) cubre de diciembre de 2005 hasta marzo de 2010: La segunda, por 90 mdd (70mdd del BM), empezaría en diciembre de 2006 y terminaría en enero de 2010. Y la tercera, por 500 mdd (300 mdd del BM) programada para diciembre de 2009 y hasta enero de 2014. Es decir se trata de un programa operativo hasta 2014 por un monto que ronda poco menos del millardo de dólares (al que se le podría sumar en el trayecto otras sumas adicionales).
La primera fase se ocupa de reforzar el Programa Nacional de Becas (PRONABES) formalizado en 2001 por la administración Fox y el cual ahora, con el préstamo del BM, opera con un 58 por ciento de fondos provenientes de ese organismo. La segunda fase es un programa piloto de un esquema mixto de préstamos público-privados en el estado de Quintana Roo y que eventualmente, en la tercera fase se extendería a por lo menos los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, hidalgo y Veracruz. El objeto, “enfocarse en la demanda” a partir de establecer un panorama en el que el estudiantado que desee continuar sus estudios deberá entrar en el juego de la competitividad y la evaluación única si es que desea ser sujeto de tales préstamos público-privados.

Para la operación efectiva del proyecto del BM, se esperan una serie de ajustes en la política de educación superior nacional que permita por un lado la instauración del mencionado esquema extendido de préstamos público-privados como mecanismo para el financiamiento de la educación superior (el aumento del gasto público ya no es viable, se indica, a pesar de los ingresos no-condicionados del petróleo), mientras que por el otro, se reestructuren todos los programas de docencia y se reenfoquen los de investigación, todo con miras a tornarlos “más competitivos”. Es decir a que se enfoquen en las “necesidades” de la economía nacional y mundial, o en otras palabras, a la generación de bienes y servicios, más allá de cualquier formación crítica, humanista o artística que usualmente no es de interés del empresariado.
Concientes de que la posibilidad de que los estudiantes no puedan pagar los préstamos -como sucedió con los proyectos del BM en Jamaica y Venezuela-, se espera que en México sí se puedan implementar mecanismos y seguros para neutralizar tal posibilidad, incluso en las condiciones económicas actuales puesto que se sostiene que en el país, la gente que puede acceder a la educación superior tiende ya a colocarse en los rangos de mayores salarios, lo que las convierte en potenciales pagadores. Ello implica que quienes no tengan los medios para pagar su educación, tendrán que endeudarse y cargar un crédito por lo menos a lo largo de la siguiente década una vez terminados sus estudios tal y como sucede en EUA con niveles de salarios incomparables. La educación superior vista de este modo se asume entonces como una cuestión de elites y no de derecho social.

Con tales características de fondo, el proyecto es ejecutado por el Pronabes (que ya tiene acuerdos con el IPN, UNAM, ENAH, UAM, etcétera) y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies). El programa piloto por Banobras y un fideicomiso estatal.

La Anuies, el caballo de Troya en la privatización de facto del sistema nacional de educación superior

Llama la atención, aunque no sorprende, que el 12 de septiembre de 2006, Felipe Calderón pidiera a la Anuies que elabore el Plan Nacional de Educación de la próxima administración; precisamente uno de los entes gerenciales de los mencionados “cañonazos” del BM en educación superior. Repitiendo la codificación lingüística del BM, para Calderón, de lo que se trata es de “...tener un sistema de educación diversificado, competitivo y de calidad”.
Las implicaciones de tal llamado son mayores pues la Anuies es financiada, además de las cuotas que pagan cada una de las universidades o instituciones miembro, por organizaciones de vastos intereses como Vamos México y la Fundación Ford (EUA).
En su documento de 2006, Consolidación y avance de la educación superior en México. Temas cruciales de la agenda., la Asociación deja ver ciertos aspectos de su peculiar visión para la nueva agenda educativa. Una copia calca de los lineamientos del BM.
Entre los principales llamados están:
-  Reforzar la descentralización de la educación superior (al tiempo que hace acuerdos con el BM para negociar proyectos pilotos a nivel estatal y por institución).
-  Expandir el sistema de becas, incluyendo las becas-préstamo, por ejemplo desde el Pronabes (atadas a la evaluación única de estándares “competitivos” como la del Ceneval).
-  ‘Reformar’ (léase reducir y privatizar) los sistemas de pensiones para disminuir la carga de pasivos de las universidades e instituciones de educación superior.
-  ‘Modernizar’ los formatos de conocimiento y del desarrollo curricular, así como evaluar al personal (e.g. examinación, certificación).
-  Cumplir con las exigencias de la producción basada en el conocimiento y sus aplicaciones (léase del empresariado), por ejemplo, por medio de orientar (y certificar) el sistema educativo al desarrollo de la producción de conocimiento e innovación, así como con el establecimiento de ‘estándares internacionales’ de vinculación universidad-empresa por medio de la apertura de oficinas de transferencia tecnológica en las propias universidades e instituciones de educación superior.

El proceso de ‘modelización’ del sistema de educación superior nacional hacia su mercantilización sugiere ser inevitable y necesario para la Anuies que, de la mano del BM, propone implícitamente la desmantelación de la docencia y la investigación que no pueda ser medible y cuantificable con ‘los instrumentos del mercado’ a partir de proponer una reestructuración de los planes de estudio superiores y de posgrado. La Anuies escribe: “...es impostergable actualizar las estructuras curriculares de duración diversa y de tipo integrado en las cuales la licenciatura se articula con el posgrado como es en Estados Unidos y Europa.”
De darse, en el proceso es de esperarse que los campos o áreas de estudio críticos o no-productivos en términos crematísticos desaparezcan o sean minimizados (algo que ya desde hace algunos años se viene realizando como parte de las reformas aisladas de los planes de estudios de tales o cuales universidades e instituciones de educación superior).
Y es que para la Anuies la cuestión es clara: “...la responsabilidad de financiar la educación superior, la ciencia y la tecnología, ya no puede recaer únicamente en el Estado.” Cual caballo de Troya, la Anuies se perfila entonces como punta de lanza del proceso privatizador de facto de la educación superior y de mercantilización y desnacionalización organizada de la innovación y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Para la Anuies como para Calderón, la función del sistema educativo superior no es la formación de la gente, sino la producción de bienes y servicios por el “capital humano” del país.
Las consecuencias de esta tendencia auspiciada y estimulada por el BM y, avalada por la Anuies, pueden ser devastadoras ya que lo que está en juego es la vigencia de la universidad pública como tal que, vale recordar, “...es una institución de Estado, la única dedicada a la compleja acción civilizadora que comprende la formación de profesionales e intelectuales especializados en la creación y la actualización y la expansión de todas las ramas del conocimiento y del arte.”

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