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Kanaga Raja

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El Banco Mundial y los Derechos Humanos


por Kanaga Raja

15 de marzo de 2013

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, instó al Banco Mundial a aprovechar su actual proceso de revisión y actualización de sus políticas de salvaguardia ambiental y social para comprometerse con los derechos humanos en todas sus actividades, en especial los préstamos de inversión y para políticas de desarrollo y los recién adoptados Programas por Resultados.

Asimismo, el Banco Mundial debe asegurar que existan mecanismos eficaces para implementar estas políticas e identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de la forma de abordar los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos, afirmó.

En su informe, la Relatora Especial de las Naciones Unidas presentó sus observaciones y recomendaciones sobre las políticas de salvaguardia del Banco Mundial. Subrayó la importancia de la Política Operacional y de las Normas de Procedimiento sobre Reasentamiento Involuntario para fomentar el respeto y la realización del derecho a una vivienda adecuada por las personas reasentadas en relación a los proyectos financiados por la institución.

Rolnik acogió con satisfacción el compromiso del Banco Mundial para examinar los “sectores emergentes”, en especial la tenencia de la tierra, como parte de la revisión de las salvaguardias. Este es un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada que requiere una atención particular en el contexto de los programas de desarrollo urbano y rural, y recomendó la adopción de nuevos requisitos en materia de políticas como forma de asegurar y proteger los derechos de tenencia de la tierra de grupos vulnerables, durante la aplicación y como resultado de las operaciones financiadas por la institución.

La Relatora Especial también observó que las operaciones actuales del Banco Mundial incluyen la financiación no solo de proyectos sino también de reformas del Estado que pueden tener consecuencias negativas para el derecho a una vivienda adecuada, pero no están sujetos al marco de políticas de salvaguardia o requisitos equivalentes para prevenir los daños. Además, para ciertos tipos de operaciones de préstamos para inversión que implican préstamos programáticos o sectoriales, señaló que la formulación actual de las políticas de salvaguardia a menudo resulta insuficiente para abordar los impactos sobre el derecho a una vivienda adecuada de los diferentes grupos afectados.

Rolnik recomendó que el Banco Mundial exija al prestatario que tenga la debida diligencia con respecto al respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones y asegure evitar o mitigar el riesgo de violación del derecho a una vivienda adecuada, a través de una buena gestión del riesgo, una participación genuina y sistemas de rendición de cuentas.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas señaló que los desalojos y desplazamientos forzados de personas y comunidades de sus hogares, tierras y medios de subsistencia a causa de proyectos de desarrollo públicos y privados han tenido graves repercusiones en todo el mundo en el derecho a una vivienda adecuada. Recomendó la expresa prohibición de los desalojos forzados y que, en los párrafos introductorios de la política revisada, se deje en claro que el Banco Mundial no financiará o no prestará asistencia a proyectos o programas que causen o contribuyan a los mismos.

Acogiendo con satisfacción el compromiso del Banco Mundial de examinar, como parte del proceso de revisión, nuevos sectores no cubiertos actualmente por su marco de salvaguardias, incluida la tenencia de la tierra, Rolnik recomendó que el nuevo marco contenga disposiciones que garanticen que los derechos de tenencia de la tierra no se debiliten o violen como resultado de las operaciones financiadas por la institución, en especial programas de desarrollo del sector agrícola.

Los programas de desarrollo agrícola que promueven la agricultura comercial a gran escala también podrían poner en riesgo los hogares rurales con sistemas de tenencia que no están plenamente reconocidos ni protegidos por la ley. El peligro es mayor cuando existe una competencia intensa por la tierra y los recursos naturales y múltiples sistemas de tenencia.

La intención del Banco Mundial de avanzar hacia un modelo de salvaguardias que mejore el uso de los sistemas nacionales contó con el respaldo de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, quien también expreso su apoyo a la idea de poner un mayor énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de los países, para identificar, evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales asociados al desarrollo. Sin embargo, subrayó la importancia que sigue teniendo la aplicación y el cumplimiento del sistema de salvaguardia de la institución financiera hasta que los sistemas nacionales estén equipados para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por los proyectos de desarrollo.

Rolnik hizo énfasis en que las condiciones necesarias para garantizar la protección no están presentes en muchos países en los que opera el Banco Mundial y aseguró que, en muchos casos, los marcos jurídicos y normativos que rigen la adquisición de tierras, los desalojos y el reasentamiento son incompletas o no cumplen ni las políticas de la institución financiera ni el derecho internacional, la capacidad institucional para planificar y ejecutar el reasentamiento es débil y los sistemas de responsabilidad judicial y administrativa y de revisión no son capaces de proteger los derechos de las personas afectadas debido a la corrupción, la injerencia política o la falta de capacidad.


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