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José Ignacio Acuña

Venezuela y el CIADI. ¿Le debemos algo a las transnacionales? ¿Quién le debe a quién?


por José Ignacio Acuña

4 de agosto de 2012

Hoy 25 de julio se cumplen seis (6) meses de la denuncia del “Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados” por parte del Gobierno Venezolano. Esto implica el retiro oficial de nuestro País del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -Tribunal dependiente del Banco Mundial-, y cuya finalidad es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

Ese pacto, suscrito a mediados de la década de los 90, al calor de la evidente genuflexión de la IV República a las políticas del Consenso de Washington, del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sirvió de garantía para que las inversiones extranjeras gozaran de amplia protección jurídica internacional, y en caso contrario, pudiesen las empresas contar con un mecanismo de arbitraje “parcializado y a favor del interés del capital” que permitiera recuperar sus inversiones, a precios de mercado actual (también controlado por las fuerzas económicas transnacionales), frente a la decisión soberana de recuperar el control sobre sectores estratégicos en el país.

Estas Empresas obtuvieron grandes créditos del sector público bancario, exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales, divisas “preferenciales”, contratos con el Estado, absoluta discrecionalidad en la fijación de los precios de sus bienes y servicios producidos, permisos para la destrucción indiscriminada del medio ambiente, control monopólico sobre sectores productivos, y la exclusividad para comercializar rubros determinados. Sólo por sólo citar algunas “consideraciones” técnico-legales dadas por los gobiernos AD-Copeyanos, para garantizar el flujo de sus inversiones y coadyuvar (...) con el desarrollo económico nacional.

Sumemos además las cómplices y favorables políticas estatales en materia laboral, impuestas para subyugar la voluntad de la clase trabajadora, quienes debieron vender su fuerza de trabajo a cambio de salarios precarios, y con condiciones de ambientes de trabajo mínimas, con elevado riesgo humano.

Estas políticas de estado permitieron que las transnacionales que hoy demandan “justa indemnización” ante el CIADI, obtuvieran tasas de ganancia desmedidas, capaces de garantizar en el corto plazo la recuperación de sus inversiones. No fue exigida la reinversión de parte de la ganancia en el sector productivo nacional, si no que se dio la oportunidad de que sus flujos financieros fueran sacados del país, frente a la mirada de funcionarios públicos y gobernantes de turno, que vieron en la fuga de las divisas, una oportunidad de engordar sus bolsillos a cambio de la entrega descarada de nuestra soberanía nacional.

Expropiar y NO Indemnizar ¿Quién le debe a Quién?

Siendo evidente la desmedida complacencia de los gobiernos de la IV República, leales al interés del capital y sus empresas transnacionales, es tarea de la Revolución Bolivariana, por exigencia de las organizaciones sociales y de los propios trabajadores, revisar profundamente el contenido de esas políticas anti-soberanas y proponer, en principio, una exhaustiva auditoria social que permita valorar a favor de los intereses del estado y del pueblo, si es “justo” doblegarnos ante el chantaje económico que por la vía del CIADI se nos pretende imponer. Es “justo” preguntarnos, entre otras cosas:

- ¿Quién debe pagar por los grandes daños ambientales?
ocurridos en nuestro País, y ocasionados por la explotación desmedida de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales?
- ¿Quién autorizó el otorgamiento de préstamos de la banca pública nacional a bajas tasas de interés, divisas preferenciales, control exclusivo de sectores estratégicos y amplios derechos monopólicos de producción y comercialización de sus bienes y servicios, que favorecieron abiertamente el interés económico transnacional?
- ¿Qué cantidades de dinero dejaron de pagar al fisco nacional, producto del ocultamiento de sus ganancias, de ilegales incentivos fiscales otorgados, bajo el amparo de tratados contra la doble tributación, exenciones y exoneraciones, y demás leyes que favorecen y protegen la inversión extranjera?
- ¿Fue justa la explotación de la clase trabajadora, quien vio mermada su capacidad de exigirle al patrono salarios justos y condiciones de trabajo aceptables?
- ¿Quién responde por la cantidad de enfermedades ocupacionales, accidentes laborales y muertes de nuestros trabajadores durante las extensas jornadas de trabajo, al servicio del capital transnacional?
- ¿Vamos a pagar como “nuevas” o a “valores inflados en libros contables” las instalaciones y maquinarias obsoletas e inservibles que dejaron esas improductivas empresas dado el proceso de expropiación?
- ¿Es “justo” y “revolucionario” pues, indemnizar sin antes valorar lo anterior?

Debe nuestro Gobierno Revolucionario no acceder al chantaje de las transnacionales ante el CIADI, que buscan, luego del aprovechamiento histórico de nuestras riquezas naturales y humanas, sacar un “último” provecho económico y arrebatarnos parte del dinero que hoy sirve para financiar nuestras misiones sociales y el desarrollo del país. Nuestra clase trabajadora y el pueblo organizado, cada vez más libres y conscientes del momento histórico que vivimos, debemos asegurar nuestra soberanía y garantizar que esas insensatas pretensiones del capital extranjero -que ya recupero su pírrica inversión- no se impongan.

Es vital la vigilancia sobre las instituciones públicas, para no permitir que nuestra soberanía sea negociada por funcionarios públicos, que desconectados del sentir del pueblo y en desobediencia del mandato de nuestro Comandante Presidente, de no doblegarnos frente a posiciones imperialistas, pretendan favorecer -por acción u omisión- la ruin intención del capital transnacional de obtener ganancias, cuando desde hace mucho tiempo las obtuvieron y sacaron del país.

El papel de las organizaciones sociales y de trabajadores es, inmediatamente, practicar una “auditoria social” en esas empresas expropiadas y que hoy nos demandan ante el CIADI, cuantificando lo que estas “nos deben”, y poner públicamente, y en manos del estado, los resultados de la contraloría popular. Nos jugamos el destino de más de 25.000 millones de dólares, que no le pertenecen a las transnacionales, son nuestros!!!

Antes de Indemnizar, es necesario auditar. Seguro serán esas empresas y sus cómplices AD-Copeyanos quienes que tengan que responder ante el pueblo Venezolano y ante la justicia por su robo a la nación.

Independencia y Patria Socialista, Viviremos y Venceremos!!!

Caracas, 25 de Julio de 2012


José Ignacio Acuña es activista del CADTM-Venezuela
jiacuna@gmail.com


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