La crisis financiera internacional demuestra palpablemente que no se puede dejar al mercado, eufemismo que significa que las grandes empresas son las que imponen las condiciones, el modelo de acumulación de capital.

Esto que queda claro cuando vemos que es la mismísima administración Bush la que tuvo que salir a socorrer a los grandes operadores, muchos de ellos virtualmente quebrados al haber perdido en el ”mercado” su patrimonio.

Por supuesto que dicha intervención estatal es de la peor manera y financia básicamente a los dueños de los bancos y empresas en lugar de los usuarios y trabajadores, pero demuestra, una vez más, lo que nos dice John Maynard Keynes en su “Teoría General de la Ocupación el interés y el dinero” - Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general: “...mientras el ensanchamiento de las funciones de gobierno que supone la tarea de ajustar la propensión a consumir con el aliciente para invertir, parecería una limitación espantosa al empresariado, yo la defiendo, porque es el único medio practicable de evitar la destrucción total del capital. Porque si la demanda efectiva es deficiente, no solo resulta intolerable los recursos desperdiciados, sino que el empresario individual que procura ponerlo en acción opera en lucha desigual contra todas las fuerzas contrarias”.

Esto es, que el Estado es siempre el garante del modelo de acumulación, por ende debe contar con el instrumento de la planificación de la inversión y de la demanda efectiva para asegurar que el proceso se sostenga a través del tiempo.

Del punto de vista económico el rol principal del Estado es el de garantizar el modelo de acumulación y establecer las “reglas de juego” y su proyección en el tiempo. Por lo que a sus funciones de impartir justicia, poder de policía, contralor de la sociedad en nombre del bien común, etc. debe sumarle el de fijar las pautas en que se desenvolverá la economía: Regula el crédito, emite moneda, incide en la tasa de interés, promueve el desarrollo de sectores o regiones, subsidios o desgravaciones impositivas, fija el salario y el haber jubilatorio mínimo, regula los precios de ciertos servicios públicos, distribuye renta del suelo a través de la obra publica, etc., medios todos con lo que está en condiciones de incidir en el desarrollo económico y en la distribución del ingreso del país.

El caso Argentino:

En la Argentina, de alguna manera, los efectos que produce la crisis financiera internacional la sufrimos antes, en los años 2001 y 2002 cuando implosionó el modelo de acumulación de valorización financiera del capital impuesto por el golpe militar de 1976, para dar lugar a un nuevo modelo que prioriza la producción.

El nuevo modelo que recibe la herencia del sistema anterior que le impone serias limitaciones, fruto de una política rentística ejercida por más de 25 años, con lo que han quedado algunos sectores prácticamente destruidos, otros con un importante retraso tecnológico, con eslabones de la cadena productiva seriamente deteriorados o perdidos; lo que resiente severamente el acervo de capital del país, con problemas de capacitación de su mano de obra, con una desigual inserción externa y con una pesada deuda externa pública, cuyo servicio es una limitante que a la que se destina más de 3 % del PBI por año (1).

Pero en ese marco y basándose en los recursos internos, la Argentina logra recomponer una parte importante de su aparato productivo, sobre la base entre otras cosas de; la protección relativa del tipo de cambio competitivo, de políticas comerciales (dumping, licencias de importación, etc.), el empuje creciente de la demanda interna que permitió una recuperación de la tasa de ganancia en muchos emprendimientos productivos del país, la utilización de la capacidad instalada ociosa y de mano de obra disponible, a lo que en muchos de los renglones de exportación y de producción se le suma la ventaja comparativa de los recursos naturales. Con esto logra “ponerse de pie” y comenzar una marcha de desendeudamiento, crecimiento con inclusión social a partir del empleo asalariado, que se refleja en una continua y sostenida tasa de crecimiento del PBI, de disminución de la deuda en términos del producto, y en la incorporación de más de 700.000 trabajadores por año, generando más de 4.000.000 de puestos de trabajo en el período 2003-2008

Si bien es importante el incremento de la Inversión Bruta Fija que representa el 25% del Producto, no es suficiente. La dotación de capital debe aumentar y mejorar su composición, aumentando la participación de bienes de capital, para garantizar altas tasas de crecimiento para el futuro y así poder emplear a la totalidad de la fuerza de trabajo.

Y la inversión no es lo suficiente porque pese a los altas tasas de ganancia con que operan las empresas formadoras de precios en el mercado interno y principales exportadoras, siempre tienen el temor de que en algún momento la situación cambia (stop and go).

En esto al Estado le cabe un rol fundamental, ya sea generando condiciones objetivas para la valorización del capital productivo, por ejemplo con políticas de infraestructura y energéticas, o como regulador estimulando sectores y regiones, pero principalmente apuntalando un horizonte de crecimiento sostenido en el tiempo. Para ello es esencial que el sector privado esté a la altura de las circunstancias y canalice una mayor parte de la ganancia que obtienen a incrementar la inversión para agregar valor a la producción

Solo así, reinvirtiendo una mayor parte de las ganancias en las mismas y en otras actividades, se podrá sostener un ritmo de crecimiento que permita superar las actuales restricciones y constituir una economía sólida, que equilibre el mercado interno y el externo generando empleo y con ello, volver a garantizar la creación de puestos de trabajo y mejor remuneración.

Las limitaciones se ven a simple vista cuando se observa que la utilización de la capacidad instalada (UCI) del año 2008 fue de

a) Industrias metálicas básicas la UCI es del 97,3%
b) Refinación de petróleo cuya UCI es del 91,1%
c) Industria textil la UCI es del 83,5%
d) Edición e impresión la UCI es de 77,3%
e) Papel y Cartón: 76,6%

Todos estos sectores requieren más inversión para aumentar su capacidad de producción, las empresas líderes del sector, que operan con altas tasas de ganancia, no la realizan en la medida necesaria.

En efecto, en conjunto y en promedio, si bien la mayoría de los sectores productivos operaron en estos últimos años con elevados márgenes de rentabilidad (mayores incluso que los de la década de los 90), como lo demuestran los balances presentados en todos estos períodos, en general estos resultados positivos no se han transformado en mayores niveles de inversión.

Leyendo el informe preparado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, sobre la performance de las compañías emisoras en el Mercado de Valores de Argentina, se observa que las utilidades declaradas y acumuladas por esas empresas, en valores corrientes, para el período 2003 y 2008, fue de 53.898 millones de pesos, y los dividendos distribuidos del orden de los 33.457 millones de pesos. Es decir: por cada cien pesos de utilidad, se repartieron entre los accionistas sesenta y dos pesos, comprometiendo de este modo la demanda de inversión que sólo fue atendida en parte por los treinta y ocho pesos restantes.

Si bien el informe aquí recogido refiere a un grupo de empresas de aquellas que están registradas como emisoras en los mercados de valores de Argentina, ellas forman parte del panel de las empresas líderes, junto a otras que no siendo cotizantes han expresado comportamientos de tenor similar, sean de capital local, extranjero o mixto(2).

Ese menor crecimiento de la Inversión con respecto a la capacidad de ahorro generado, es un problema a solucionar, dado que se convierte en una fuerte restricción. Por eso el gobierno nacional, consciente de dicha limitación, que incluso se agrava con la crisis financiera internacional ante expectativas negativas que provocan retracción de los planes de inversión del sector privado en nuestro país, profundiza y extiende el plan de obras públicas para suplir la menor iniciativa privada.

De menor a mayor, desde el año 2003, la administración nacional Argentina fue destinando recursos para la obra pública, pasado el lento tiempo de “maduración” de las mismas (proyecto, licitación, adjudicación, etc.) podemos observar que se llevan a cabo y conforman en conjunto en el año 2008, el 4% del PBI, con su directa implicancia en la demanda interna de acero cemento, vidrio, mano de obra, maquinas y herramientas, etc., más el efecto multiplicador en cada localidad del país donde se desarrolla la inversión.

Para el corriente año 2009, se trata de llevar a cabo el denominado “Plan Argentina” de obra pública, que planifica una inversión pública (directa más transferencias de capital) de $ 56.800 Millones (Casi el 6% del PBI), con lo que se propone dar respuestas a dos grandes Metas:

a) Metas Eje Social: Construir más de 100.000 soluciones habitacionales para el año 2009; Brindar el servicio de agua potable al 92% y cloacas al 63% de la población del país; finalizar 900 escuelas para marzo de 2010; Pavimentar 12.500 cuadras; continuar con el plan de infraestructura hospitalaria, turística y cultural

b) Metas Eje Económico - Productivo: Realizar el mantenimiento de la red vial nacional pavimentada; pavimentar 1.400 km de la red vial nacional; ampliar en 2.500 km la capacidad de la red vial; ampliar 30% la capacidad de transporte de gas; incrementar en un 72% la generación de energía eléctrica y 69% la red de transporte; puesta en marcha de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en las localidades de Timbués (Pcia. de Santa Fe) y Campana (Pcia. de Buenos Aires) que inyectará 1.600 MW de oferta eléctrica al sistema nacional; destinar para las obras en la Cuenca del Río Salado (Pcia. de Bs As) unos $ 900 Millones; y para las obras de desagües urbanos en todo el país otros $ 900 Millones; fortalecer las políticas estatales para el desarrollo de las telecomunicaciones, etc..

El Plan de Obra Pública conforma un Plan Estratégico Territorial denominado “1816-2016 ARGENTINA DEL BICENTENARIO” , que se hizo conjuntamente con las provincias y municipios en procura de la integración e igualdad de las distintas regiones del país, saldando la deuda histórica con aquellas zonas consideradas periféricas que fueron excluidas de los modelos económicos anteriores que las consideraban “inviables”.

A la obra pública y su efecto multiplicador de la inversión y de la demanda de insumos y de trabajo, debe sumarse las medidas estatales de apuntalar el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones; el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo de la Nación que subsidia a las empresas para preservar el empleo; de defensa del mercado interno; la de tomar medidas para compensar la posible disminución de la demanda de automóviles, línea blanca, construcción, etc. (y su efecto multiplicador sobre sus proveedores); de renegociar para favorecer el menor costo por el pago de los servicios de la deuda; de sostener las exportaciones; hasta la ley 25.924 de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura; etc. todas acciones que en conjunto afirman que la Argentina sorteará en mejores condiciones la crisis internacional que las mayorías de las naciones, porque en nuestro país, el “keynesianismo”, se aplicó antes.

Que las políticas públicas deberían ser más amplias y profundas; que las grandes empresas que han ganado mucho dinero son las primeras en suspender el personal, que no invierten lo suficiente y que no tributan como deberían al fisco; etc. es cierto, pero tampoco es menos cierto que se ha logrado dibujar un perfil productivo, con todas sus dependencias y limitaciones, que ha generado puestos de trabajo, que mantienen una tasa importante de crecimiento del PBI, que ha diversificado el destino de las exportaciones, etc,. perfil que no tenía ninguna posibilidad de desarrollarse en el modelo anterior.

NOTAS:

(1) Recordemos que el primer Ministro de Obras Públicas del gobierno del Presidente Carlos Menem ( 1989-1999), Roberto Dromi, sostuvo para fundamentar la necesidad de las privatizaciones de las empresas públicas (denominada Ley de Reforma del Estado) que “...el país está de rodillas”.

(2) Cabría realizar la reforma del impuesto a las ganancias de modo tal que grave con dicho impuesto la distribución de los dividendo y desgrave cuando la ganancia se reinvierte.