Grecia: La caída podría costar un billón de euros

por Agencias

6 de marzo de 2012

El fracaso de la operación de canje de la deuda griega, una de las condiciones para que el país reciba su segundo rescate, podría recrudecer la crisis de la Eurozona porque Grecia se vería abocada a una quiebra desordenada al no poder hacer frente a sus vencimientos de deuda, con un coste estimado de más de 1 billón de euros.

Ello haría inevitable una ayuda adicional de 350.000 millones de euros para España e Italia, según un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF). Además, Irlanda y Portugal, también rescatados, precisarían de otros 380.000 millones.

El organismo, que representa al sector privado en las negociaciones con Atenas sobre la quita de la deuda, considera además que el sector bancario de España e Italia debería obtener una recapitalización extra de 160.000 millones de euros.

Asimismo, el informe del IIF calcula unas pérdidas directas por la deuda griega de 73.000 millones de euros en caso de quiebra, dado que la exposición del Banco Central Europeo (BCE) a la deuda helena es de 177.000 millones de euros, lo que le convierte en el mayor acreedor del país.

En conjunto, el informe estima que el fracaso en el acuerdo sobre la deuda griega y un impago desordenado de la deuda pública de ese país podría tener un impacto negativo difícil de calcular pero que podría superar el billón de euros.
El jueves, la resolución

Los inversores privados con bonos griegos tienen hasta el jueves para decidir si participarán en la reestructuración de la deuda y el rescate del país, pero ante la escasez de detalles sobre su grado de implicación la atención ha girado hacia el desalentador informe sobre las consecuencias de un fracaso del acuerdo. Grecia ha insistido hoy en que la fecha del 8 de marzo sigue en pie.

Las doce entidades miembros del IFF que han suscrito la propuesta hasta ahora son Allianz, Alpha Bank, AXA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank, Greylock Capital Management, ING, Intesa Sanpaolo, y National Bank of Greece. Entre todos suponen alrededor del 20% del total de la deuda griega.

Se ha pedido a los asesores privados que acepten una quita del 53,5% del principal de la deuda griega que poseen: a cambio de los bonos actuales percibirían nuevos bonos griegos a 11 y 30 años con un valor del 31,5 del principal original y el 15 % restante corresponderá a títulos a corto plazo emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Por si una quita del 53,5% no es lo suficientemente desalentadora, algunos bancos estiman la pérdida actual en un 73% si se calcula en términos de valor neto.

Algunos inversores creen que el informe trata de persuadir a aquellos inversores que posiblemente se muestren reacios, como los hedge funds, para que ingieran esta amarga medicina. Estos fondos constituyen una parte pequeña de los miembros del IIF y se espera que muchos de ellos rechacen el acuerdo porque les ofrece pocos incentivos para firmar.

Si Grecia logra que el 90% de sus acreedores acepte el acuerdo, el carácter de la operación será voluntario. Si lo aceptan entre el 75% y el 90%, el acuerdo podría salir adelante pero Grecia tendría que forzar a los que se resistan a aceptar el acuerdo con cláusulas de acción colectiva ya autorizadas por el Parlamento de Grecia. Estas cláusulas incluirían a todos los inversores, incluso a aquellos que se negaran a aceptar.

Quedarse por debajo del 75% de aceptación desencadenaría un impago desordenado de Grecia, recrudeciendo la crisis de la Eurozona. De todos modos, los analistas y expertos creen que el país conseguirá como mínimo este nivel, y recalcan que el informe del IIF es el peor escenario posible.

El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países europeos sufrirían pérdidas en sus inversiones en bonos griegos; el banco central heleno se vería abocado a una situación muy complicada debido a sus propias pérdidas en deuda griega; y el BCE dejaría de aceptar los bonos griegos como colateral para respaldar operaciones.

De este modo, los bancos griegos dejarían de tener acceso a los fondos del BCE, a los que pueden recurrir actualmente mediante un programa especial de emergencia. Otros bancos que han utilizado la deuda griega como garantía ante el BCE tendrían que buscar otros activos.